El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
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