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Mediante un impreso oficial del Estado, que podrá adquirirse en los estancos, o a través de internet, y que solo deberá ir firmado por un psicólogo colegiado y un sacerdote, los políticos imputados por corrupción tendrán a partir de ahora la posibilidad de encarcelar al juez que lleve su caso en un máximo de cuarenta y ocho horas.Este método express de recusación y condena ha causado un gran alivio entre la mayor parte de la clase política, que hasta ahora se veía obligada a recurrir a varias instituciones, y emplear no menos de siete semanas de movimientos judiciales para poder librarse de los típicos jueces obsesionados por aplicar la ley en cualquier sitio y a cualquier persona, por elegante que ésta sea. “Ahí teníamos un problema y lo hemos solucionado”, ha dicho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galladón.Además, mientras transcurren esas cuarenta y ocho horas necesarias para que el magistrado ingrese en prisión, los imputados más impacientes podrán apartarle instantáneamente de la carrera judicial mediante una sencilla solicitud manuscrita que solo necesitará la firma de su kioskero habitual o, en su defecto, de un instalador de gas autorizado.“Desde el uno de septiembre tendremos listo un nuevo sistema para que cualquier imputado pueda encarcelar a su juez a través del móvil”, ha puntualizado el ministro.
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