Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes.
Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas corrientes, de ahorro, valores y depósitos a plazo con sus respectivos titulares tanto físicos como jurídicos. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa será la responsable de este fichero de carácter administrativo, que no incluirá las cuentas y depósitos de sucursales o filiales de los bancos españoles en el extranjero. En la Unión Europea solo Francia y Alemania cuentan con un sistema semejante de acumulación de información.
Ni el Consejo de Estado ni la Agencia Española de Protección de Datos, en sus respectivos informes, han puesto objeciones a la creación, almacenamiento y consulta de las cuentas privadas de todos los españoles y residentes, según asegura una fuente oficial del Ministerio de Economía. “No constarán los saldos de dichas cuentas, pero si las identidades de sus titulares, apoderados y autorizados independientemente de cualquier sospecha”, aseguran técnicos autorizados del citado ministerio.
La Agencia Española de Protección de Datos examinó la adecuación de este nuevo instrumento a la normativa, según señala un portavoz consultado.
El acceso a esta información sensible y privilegiada lo designarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministerio fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En cada punto de acceso se mantendrá un registro de las peticiones cursadas, en el que figurará la identidad de la autoridad solicitante y su justificación para la consulta. “No resultarán admisibles búsquedas abiertas, genéricas o por aproximación”, se asegura en el reglamento de esta gran base de datos aprobado por el Gobierno mediante un real decreto.
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